¡TRASVASES NO! ¡RÍOS VIVOS!

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Nueva cultura del agua
¡TRASVASES NO! ¡RÍOS VIVOS!

Una gestión equitativa y sostenible del agua es fundamento del desarrollo sostenible.
Por eso, no se puede aceptar nunca el expolio que supone el trasvase del Ebro, que
agudizaría los desequilibrios territoriales, provocaría enormes afecciones sociales y
medioambientales (especialmente por los grandes embalses del Pirineo) y lastraría
nuestras posibilidades de desarrollo futuro, al apostar por un desarrollismo
especulativo del litoral costero y la periferia. La coherencia nos exige seguir luchando contra las propuestas de trasvase y contra esos grandes embalses que lo hacen posible.
La política del agua sólo puede avanzar si la construimos desde los nuevos principios
(unidad de cuenca, eficiencia, uso racional, respeto medioambiental, control de la
demanda, computación de costes…), entendiendo nuestros ríos y otros sistemas
acuáticos como ecosistemas llenos de riqueza y cargados de historia y patrimonio, y
no como meras tuberías o depósitos de agua.
El Pacto del Agua de Aragón de 1992 (en el que no habían participado los afectados) y el Plan Hidrológico que lo recoge como anexo se han quedado obsoletos. Las Bases
para la política del agua imponen una visión parcial de la gestión del agua, dando la
espalda a la aplicación de la directiva marco en el contexto de los efectos del cambio climático, y siguen sin acordar a los afectados por las obras hidráulicas la
consideración que se merecen.
Los cambios fundamentales en la legislación autonómica, estatal y europea en tema
medioambiental y de aguas que se han producido en este tiempo, las posiciones
técnicas de los expertos y de la comunidad científica en general y el avance de los
principios de la Nueva Cultura del Agua, que ya han calado en las instituciones de la
Unión Europea, nos obligan a reformular en profundidad la política del agua.
CHA continuará defendiendo con coherencia estas posiciones en todos los foros,
porque sólo desde la coherencia, la responsabilidad y el apoyo de la ciencia y con
diálogo social podremos conseguir que convivan las gentes del llano y de la montaña, las del campo y las de la ciudad, de manera no haya que sacrificar a unos para salvar a otros.
CHA propone:
143. El rechazo rotundo a cualquier Plan Hidrológico Nacional que conlleve
transferencias de agua entre cuencas y en especial el trasvase del Ebro, pese
a la argucia de incorporar a estos planes demandas históricas, como las
comprendidas en el Pacto del Agua de Aragón, algunos de cuyos embalses -de
grandes afecciones sociales y ambientales- son imprescindibles para hacer
viable el trasvase.
144. Compromiso de aplicar las prioridades fijadas en la Declaración Europea por
una Nueva Cultura del Agua que deben centrarse en adoptar una nueva visión
ética basada en el reconocimiento de las diferentes funciones y valores del agua
para así priorizar los derechos en cuestión:
· El agua para la vida. La función básica de garantizar la supervivencia para
los seres y humanos debe ser reconocida como una prioridad primordial, un
derecho humano universal. El ejercicio de este derecho humano y la
sostenibilidad de la biosfera deben ser garantizados de forma eficaz.
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· El agua para actividades de interés general, con funciones de salud y
cohesión social, debe situarse en un segundo nivel de prioridad, bajo una
gestión responsable y socialmente eficaz en conexión con los derechos
sociales de ciudadanía y con el interés general de la sociedad.
· El agua para el crecimiento económico, en funciones económicas
legítimas, ligadas a actividades productivas e intereses privados, debe
reconocerse en un tercer nivel de prioridad en conexión con el derecho
individual de cada cual a mejorar su nivel de vida, y debe ser gestionada
eficazmente bajo principios de racionalidad económica.
145. Impulsar la aprobación de una ley de aguas, que suponga una transposición
efectiva de la directiva marco del agua y de los principios fundamentales de la
nueva cultura del agua. Incorporar a esta legislación normas que penalicen el
exceso de consumo de agua y premien el ahorro, creando comunidades de
consumidores “eficientes”, que gozarán de prioridad en inversiones,
bonificaciones fiscales, etc.
146. Impulsar una decidida labor de pedagogía social para erradicar tópicos
arraigados con respecto al agua. Explicar con claridad que no podemos
perpetuar unas formas de uso y unos hábitos de consumo del agua irracionales.
Informar a la ciudadanía sobre el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos,
sobre el funcionamiento de los servicios del agua y de las consecuencias de los
usos inadecuados del agua para la salud y para la calidad de vida.
147. Conseguir una reducción efectiva de los consumos de agua a nivel de
cuenca y de Comunidad Autónoma, mediante el control efectivo de la demanda.
Impulsar decididamente la reutilización de las aguas depuradas y la reutilización
de las aguas de riego, por los importantes beneficios en la calidad de las aguas y
por el incremento de la responsabilidad de los usuarios.
148. Promover la modernización de los regadíos, que supone la reducción efectiva
de los consumos de agua, especificando el destino del agua ahorrada. Impulsar
una política de atención al secano, con apoyo similar al regadío allí donde es
rentable o ambientalmente indispensable.
149. Impulsar planes de actuación para la recuperación de todos los ecosistemas
acuáticos deteriorados, protegiendo de manera efectiva el dominio público
hidráulico.
150. Desarrollar una política urbanística respetuosa con la política de aguas y
adaptada a las condiciones del cambio climático. Impedir desarrollos
urbanísticos que supongan demandas de agua insostenibles. Aprobar normas
que aseguren la evaluación objetiva y transparente de tales propuestas
urbanísticas.
151. Aprobar una ley de los ríos escénicos y salvajes, que proteja estrictamente los
ríos que todavía están impolutos y que hay que proteger para que cumplan una
función tan simple como la de ser ríos. Considerar el desarrollo en los mismos de
actividades de conservación, educación, contemplación y uso deportivo que se
declaren compatibles. Incorporar a la lista los ríos Ara, Bellos y Matarraña en
toda su longitud, por su calidad y como ejemplos de ríos excluidos de la
destrucción por embalses gracias a la acción de los afectados y al apoyo y
solidaridad popular.

152. Exigir que los planes hidrológicos actualmente en preparación se elaboren con
participación efectiva de todos los afectados, que deberán disponer de la
información necesaria y contrastable. Estos planes hidrológicos deben revisar las
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demandas de agua, hasta ahora infladas artificialmente, fomentar el ahorro y la
reutilización, establecer caudales ecológicos que permitan recuperar el buen
estado ecológico, contener criterios y actuaciones para la gestión efectiva de la
demanda y el control de las actividades que suponen sobreexplotación y
contaminación, todo ello con la finalidad de dar prioridad al buen estado
ecológico de todas los ecosistemas acuáticos.
153. Desarrollar una legislación que regule con claridad los derechos de los
afectados por obras hidráulicas, entre ellos la no supresión de núcleos de
población ni de los territorios que los sustentan, con amparo en el derecho
fundamental a la libre elección de residencia que reconoce el artículo 19 de la
Constitución Española.
154. Exigir los Planes de Restitución Social y Ambiental, consensuados y
dialogados con las poblaciones afectadas, de forma previa al inicio de cualquier
embalse, y su aplicación efectiva y sin retrasos en casos como Lechago o El Val.
Establecer mecanismos que permitan exigir responsabilidades en caso de
incumplimientos.
155. Demandar la inclusión de la valoración del coste de expectativas en los
estudios previos a la realización de obras de infraestructuras del agua para
asegurar su viabilidad social y su rentabilidad económica y territorial.
156. Crear un nuevo concepto tributario por el cual el Estado o las Confederaciones
Hidrográficas tributen a los municipios afectados por la superficie ocupada por el
agua de los embalses como almacenamiento en una cuantía equivalente a las
ayudas que recibirían de la PAC por abandono de tierras (equiparando los
metros cúbicos de agua a metros cuadrados de superficie) o estableciendo una
tasa por metro cúbico de agua regulada que sea desembalsada para usos
diferentes de los medioambientales.
157. Desarrollar un plan especial de protección de las aguas subterráneas y
acuíferos, considerando las prioridades según los riesgos de sobreexplotación y
contaminación por las actividades agropecuarias y recuperando los acuíferos
sobreexplotados.
158. Asegurar que los organismos de cuenca estén dotados de personal y medios
adecuados a las nuevas necesidades de aplicación de la Directiva marco del
agua y asegurar la transparencia en sus actuaciones y el libre acceso a la
información en materia de aguas.
159. Conseguir en esta legislatura el funcionamiento democrático de los órganos de
gestión y de participación, incorporando la representación de los directamente
afectados por obras de regulación.
160. Paralizar inmediatamente el recrecimiento de Yesa y buscar alternativas,
algunas de ellas perfectamente argumentadas y justificadas por los afectados.
161. Dar absoluta prioridad a la construcción de los embalses de regulación interna
alternativos al embalse de Biscarrués, que queda desestimado, en el sistema
de Riegos del Alto Aragón, especialmente los de Almudévar y Valcuerna.
162. Impulsar de forma prioritaria y decidida aquellas obras hidráulicas,
reiteradamente demandadas por la sociedad aragonesa que cuentan con el
consenso social y político (San Salvador, La Loteta, embalses laterales en el
Tastavins y el Algars, entre otras), cuyas afecciones e impactos son asumibles.
163. Impulsar una política decidida de mejora de la calidad de las aguas
continentales, basada en las mejores técnicas disponibles para el tratamiento
de los vertidos urbanos e industriales, aplicando tecnologías de bajo coste para
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las pequeñas aglomeraciones urbanas y con una aplicación eficaz del canon de
saneamiento.
164. Impulsar una política decidida frente a la contaminación por nitratos de las
aguas subterráneas, por el papel decisivo de estas aguas en los suministros de
agua de boca en abastecimientos urbanos.
165. Evaluar y estudiar la oportunidad de aplicar la flexibilización del actual sistema
de concesiones, mediante la aplicación progresiva y rigurosa de mecanismos
de transacción de derechos de agua, en las comunidades de usuarios y la
gestión adecuada de las concesiones.
166. En abastecimientos urbanos, mantener el servicio público del agua. Aplicar
una política de tarifas del agua que combine la sencillez y la tarificación por
tramos adaptada a patrones de consumo para incentivar su reducción, que
reflejen el coste real de los servicios y basada en el control individualizado del
consumo, mediante una información clara y suficiente en las facturas.
167. Corregir, su fuera el caso, la legislación que permite, en la práctica, usos
prioritarios frente al abastecimiento urbano.

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