FORO MUNDIAL DE LAS LUCHAS DEL AGUA. EMBERA KATIOS

Comenzamos con este post una serie, que a lo largo del mes de agosto, se dedicará de forma monográfica a los casos de afectados que conocimos en el Foro Mundial de las Luchas del Agua, que se celebró en Zaragoza a principios de este mes de julio.

El primero de ellos hace referencia a la comunidad indigena de Embera Katios, en la región colombiana del Alto Sinú. Recibimos a dos representantes de las comunidades y a una periodista, de los cuales no podemos decir sus nombres. Uno de los líderes más importantes de la comunidad, Kimy Pernía, lleva 6 años secuestrado por los paramilitares después de aparecer regularmente en los medios de comunicación, manifestando la posición contraria de su pueblo a la realización de la presa de Urra.

Los compañeros colombianos nos mostraron como casi quince años después del llenado de la presa de Urra I, los Embera siguen padeciendo las consecuencias de este megaproyecto, para la realización del cual no hubo ningún tipo de proceso de participación social de los afectados, como marca la Constitución colombiana. A partir de entonces estas comunidades iniciaron una larga lucha para que se llevaran a cabo reparaciones que palien los impactos ambientales, económicos o sociales que ha producido la presa. A todo ello hay que añadir los casos de desaparecidos, amenazas e invasiones militares de pueblos. El taponamiento del curso natural de los ríos donde viven los Embera ha acabado con su principal alimento, el pez bocachico, lo que ha producido desnutrición entre los más pequeños.

Un aspecto especialmente lamentable es que la actuación del gobierno colombiano y de la hidroeléctrica ha ido dirigida permanentemente a dividir socialmente a los Embera, hasta el punto de que actualmente hay hasta cuatro sectores divididos sobre la posición a tomar ante Urra II, que no es sino un recrecimiento de Urra I. Un aspecto especialmente doloroso para estas comunidades es que todos los sitios sagrados, lugares rituales o simbólicos, o lugares de enterramiento han sido inundados por el pantano, alterando radicalmente las creencias espirituales de la población local.

Por otro lado, cada vez se produce mayor sedimentación y formación de nuevos taludes en sus ríos, haciéndolos prácticamente innavegables, aumentando también la población de mosquitos transmisores de enfermedades tropicales. Y todo ello, para buscar el exclusivamente el beneficio económico de una multinacional.

Ante esta dramática situación es fácilmente comprensible el rechazo que el proyecto denominado río Sinú, y que no es sino el recrecimiento de Urra, denominado Urra II, ha producido en las comunidades Embera. En este momento, la oposición al proyecto se produce no solo por las comunidades indigenas, porque supondría la práctida desaparición de las mismas a corto plazo, sino también de organizaciones ambientalistas al quedar afectado el Parque Nacional Nudo del Paramillo. Desgraciadamente, si la realización de este proyecto depende de la sensiblidad social del Presidente Uribe, podemos decir que ésta es una causa perdida.

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POR LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO

Ayer estuve en una impresionante charla de Iñaki García, de la CCIODH, Comisión Civil Internacional por los Derechos Humanos en México. Impresionante por el caudal de información y documentación gráfica que se aportó para mostrarnos su sexto informe. Una de las conclusiones que se puede sacar de la charla, sin duda, es la necesidad de organizaciones civiles internacionales y no dependientes económicamente de ningún gobierno, que fiscalicen el cumplimiento del respeto a los derechos humanos en países que formalmente cuentan con un estado de derecho, pero que en la práctica institucional, nada hay más alejado de esta ficción jurídica. Uno de estos países, evidentemente es México, y los colectivos sobre los que recaen estas violaciones, son principalmente las comunidades indigenas de los diferentes estados. Este sexto informe de la Comisión se ha centrado en la situación en Chiapas, Oaxaca y Atenco.

La autonomía Zapatista de las comunidades indigenas ha sido la primera oportunidad que han tenido para autogobernarse y resistir ante las presiones de las autoridades del estado, que pretenden repartirse el botin de los recursos naturales Chiapanecos. La contrainsurgencia trabaja apoyándose en las estructuras estatales para tratar de debilitar y arrasar esta primera experiencia de autogestión y libertades que disfrutan estas comunidades.  Una de las “paradojas” que se han visto en los últimos años es la reconversión al ecologismo de las autoridades estatales de Chiapas, creando nuevos espacios naturales protegidos. Con buena fe? En absoluto. En la zona de Montes Azules y otras áreas, se desplazan comunidades enteras de sus hogares, se crean espacios protegidos, y se llegan a acuerdos con multinacionales para el reordenamiento territorial de estas zonas, y su gestión posterior. Por supuesto, cualquier reivindicación de los afectados es respondida por represión, militarización y procesos irregulares.

En los conflictos por el agua también se puede observar todo tipo de abusos contra municipios indigenas. Un ejemplo se puede ver en la reserva natural de Huitepec, ocupado por comunidades declaradas como bases de apoyo Zapatistas. En los últimos años, el agua de sus manantiales ha sido depositada en tanques y conducida por tuberias hasta aguas abajo para ser industrializada y comercializada.

Os recomiendo comprar el libro editado por la Comisión o descargar el informe de la web, para conocer realmente una sucesión de situaciones y de casos que nos  describe una realidad mexicana bien alejada de la oficial.